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Para poder ser neutra en carbono en 2050, la Unión Europea (UE) se ha marcado el objetivo intermedio de reducir el 55% de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, respecto a los niveles que teníamos en 1990, lo que supone un gran esfuerzo a todos los niveles.
En diciembre de 2019 se lanzó el Pacto Verde Europeo en el que se incluía un paquete de medidas relativas a energías renovables, eficiencia energética en edificios, uso del suelo y conservación del medio natural, fiscalidad verde, investigación e innovación.
En plena crisis sanitaria, el 21 de julio de 2020, los jefes de Estado de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico en torno al Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, conde 750.000 millones de euros a través del instrumento NextGenerationEU. En conjunto, se aprobó un paquete global de 1,82 billones de euros, de los que el 30% se destina a inversión relacionada con el clima, lo que supone el mayor paquete de inversión en clima de la historia.
La inversión pública actúa como un potente catalizador en el desarrollo de nuevas tecnologías más limpias y eficientes. Por lo tanto, las inversiones en energía, uso eficiente del agua, economía circular y movilidad y transporte son esenciales para un desarrollo sostenible de la economía y para cumplir con los objetivos climáticos. Pero, además, todos los expertos coinciden en que, adicionalmente a las inversiones, serán necesarios otros incentivos económicos complementarios.
Éstos comprenden mecanismos que van desde los más tradicionales como multas o sanciones, impuestos y subvenciones, pasando por los préstamos o créditos blandos, hasta mecanismos de mercado como el comercio de emisiones. Todos ellos enfocan las decisiones de los gobiernos, los sectores económicos y los consumidores hacia el objetivo de neutralidad en carbono.
En particular, el “Informe anual 2020” del Banco de España señala respecto a los retos estructurales de nuestra economía que “la fiscalidad medioambiental debe desempeñar un papel preeminente en los próximos años, tanto para disuadir las actividades menos sostenibles medioambientalmente como para incentivar las iniciativas verdes y compensar, con sus ingresos, los costes que la transición ecológica puede suponer en el corto plazo para algunos colectivos vulnerables”.
En España, el uso de impuestos ambientales está todavía poco desarrollado. Según datos de Eurostat de 2021, en 2020 tan solo alcanzaron el 1,7% del PIB, mientras que en la UE alcanzaron un 2,2%. Conscientes de esto, nuestro país está desarrollando una reforma fiscal ecológica con el objetivo de dar más peso a los impuestos ambientales.
Esto incluye aquellos con gran capacidad recaudatoria, especialmente los impuestos sobre la energía y el transporte. Con relación a este último, se propone una reforma del impuesto de matriculación vinculándose éste a las emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como del resto de compuestos contaminantes. También se espera la aplicación de la Directiva Euroviñeta para desincentivar el transporte pesado con mayores emisiones de CO2. Por su parte, la Ley de residuos y suelos contaminados incluye medidas fiscales sobre el depósito de residuos en vertederos y su incineración.
En definitiva, para llegar a la neutralidad en carbono en Europa será necesario la ejecución de importantes inversiones, así como el establecimiento de incentivos económicos que favorezcan el movimiento del capital desde sectores más intensivos en carbono hacia aquellos que no lo son, y que permitirán construir el nuevo modelo productivo europeo.
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